CNDH

Mediante decreto presidencial publicado el 6 de junio de 1990 en el Diario Oficial de la Federación, se creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como un órgano descentralizado de la Secretaría de Gobernación, siendo el órgano responsable de proponer y vigilar el cumplimiento de la política nacional en materia de respeto y defensa a los Derechos Humanos.

El 29 de octubre de 1991 la CNDH emitió la Recomendación 99/1991 ¨Sobre el caso de la empresa Anaversa, ubicada en Cordova, Veracruz¨, siendo la primera Recomendación por violaciones a derechos humanos con participación de las empresas privadas, misma que fue dirigida al Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología y al Secretario de Salud, como autoridades responsables. El caso surgió de un incendio en las instalaciones de la empresa Agricultura Nacional Veracruzana, S.A. de C.V. (ANAVERSA), productora de plaguicidas y fertilizantes que contaba con un permiso para operar otorgado por la Dirección General de Salud Ambiental de la Secretaría de Salud, que le imponía una serie de condiciones para funcionar, las cuales fueron incumplidas por la empresa en su funcionamiento. Dicho incumplimiento provocó una serie de explosiones en el interior del inmueble, producto de la combustión de sustancias químicas que ahí se fabricaban y almacenaban. La falta de supervisión al cumplimiento de las condiciones establecidas en el permiso por parte de la Secretaría de Salud, causaron un siniestro medio ambiental. Esto provocó la contaminación del agua por insecticidas organofosforados y solventes. Aproximadamente 300 personas se intoxicaron al inhalar los vapores que se desprendieron derivado del incendio, por lo que se activó el Plan de Emergencia DN-III, evacuando aproximadamente a 1,700 personas, quienes fueron reubicadas en 6 albergues.

Mediante la reforma constitucional al artículo 102º, publicada en el 28 de enero de 1992 en el Diario Oficial de la Federación, se adicionó el apartado B del artículo 102º, elevando a la CNDH a rango constitucional, bajo la naturaleza jurídica de organismo descentralizado, surgiendo de esta manera el Sistema Nacional no jurisdiccional de protección de los derechos humanos.

El 20 de diciembre de 1993 a través de la resolución A/RES/48/134 la Asamblea General de la ONU, adoptó los Principios de París, los cuales son una serie de estándares internacionales que enmarcan el trabajo de las Instituciones Nacionales de derechos humanos (INDH) y el papel crucial que deben desempeñar como medio de protección y promoción de los derechos en una sociedad determinada. En ellos se establecen la competencia, responsabilidades, composición, entre otras características, que una INDH debe tener.

El 21 de diciembre de 1995 la CNDH emitió la Recomendación 157/1995 ¨Sobre el caso de los vecinos del ejido El Coyol, Veracruz¨, siendo la primera Recomendación por violaciones a derechos humanos por una empresa pública, misma que fue dirigida al Director General de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra y al Director General de Petróleos Mexicanos como autoridades responsables.

En 1966 Petróleos Mexicanos instaló el poliducto Tierra Blanca -Veracruz, afectando los terrenos de varias personas que habían adquirido legítimamente esos terrenos desde 1964. Las afectaciones se produjeron ya que el que el poliducto fue instalado desconociendo el convenio con las especificaciones técnicas necesarias para pasar por áreas urbanas y contar con la autorización de los propietarios y, en su caso, indemnizarlos.

Anteriormente, los pobladores no habían podido concluir el proceso de escrituración, toda vez que la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra indicó que no se habían escriturado los terrenos, en virtud de que la zona donde se encontraban los asentamientos fueron considerados por las autoridades municipales como de alto riesgo por ubicarse en ese lugar los ductos de Petróleos Mexicanos.

Posteriormente Petróleos Mexicanos denunció a los pobladores bajo el delito de despojo, por la invasión al derecho de vía del poliducto, sin haber investigado cuál era la situación jurídica de los quejosos respecto de la tenenecia de los predios.

El 16 de diciembre de 1998, el Estado mexicano reconoció la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Mediante la reforma constitucional del artículo 102º apartado B, publicada el 13 de septiembre de 1999 en el Diario Oficial de la Federación, la CNDH se constituyó como un organismo con plena autonomía de gestión y presupuestaria, modificándose la denominación de “Comisión Nacional de Derechos Humanos” por la de “Comisión Nacional de los Derechos Humanos.”

El 31 de enero de 1999 el Secretario General de la ONU realizó por primera vez el discurso en el que postuló la iniciativa de crear el Pacto Mundial, mismo que inició la fase operacional el 26 de julio de 2000.

El Pacto Mundial, no es un instrumento normativo, ni ejerce funciones de vigilancia o evaluación de las conductas o acciones empresariales.

El Pacto mundial es una iniciativa voluntaria de civismo empresarial, que se basa en la responsabilidad pública, transparencia y la promoción de los 10 principios, que persiguen los siguientes objetivos complementarios:

• Lograr que el Pacto Mundial y sus principios, formen parte de la estrategia y de las operaciones de las empresas;
• Facilitar la cooperación entre los principales grupos participantes promoviendo las relaciones de colaboración en apoyo de los objetivos de las Naciones Unidas.

En el Pacto Mundial se puede encontrar las formas y razones para participar y los 10 principios que rigen dicha responsabilidad.

En septiembre del 2000 se celebró en Nueva York la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas. En dicho evento, los líderes de 189 naciones, incluido México, se comprometieron mediante la Declaración del Milenio aprobada el 13 de septiembre del 2000 por resolución la A/RES/55/2, a cumplir para el año 2015 con los siguientes ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio:

El 18 de junio de 2008 mediante resolución A/HRC/RES/8/7, el Consejo de Derechos Humanos adoptó el “Marco para proteger, respetar y remediar: Un marco para las actividades empresariales y los derechos humanos”.

Dicho marco, surge del debate sobre las empresas y los derechos humanos y pretende incidir en las políticas nacionales e internacionales, así como orientar el alcance y naturaleza exactos de las obligaciones empresariales a todas las partes involucradas.

El marco contiene tres pilares básicos: 1) El deber del Estado de proteger a las personas contra las violaciones de los derechos humanos cometidas por terceros, incluidas las empresas, mediante políticas adecuadas, actividades de reglamentación y sometimiento a la justicia. 2) La responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos, lo que significa intervenir con la debida diligencia para evitar la violación de los derechos de otros. 3) Mecanismos de reparación para las víctimas de violaciones a derechos humanos por empresas.

Los tres pilares constituyen un conjunto complementario en el que cada principio apoya a los demás para lograr el progreso sostenible.

En el marco de la décima Conferencia Internacional del Comité Internacional de Coordinación (CIC) de las INDH, las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, incluida la CNDH, adoptaron la Declaración de Edimburgo, cuyo objetivo es fortalecer sus capacidades en relación con las empresas y los derechos humanos, conforme a los Principios de París.

En la Declaración de Edimburgo se destacaron los siguientes puntos, respecto a la labor que deben llevar a cabo las INDH respecto a las empresas:

• -Supervisar el cumplimiento de los derechos humanos por parte de actores estatales y no estatales.
• -Asesorar a todas las partes involucradas sobre el modo de prevenir y remediar abusos.
• -Facilitar el acceso para obtener reparación judicial y no judicial, mediante apoyo a las víctimas, tramitación de quejas y/o actividades de mediación y conciliación; así como empoderar a las y los defensores de los derechos humanos y asegurar la participación efectiva de la sociedad civil en las empresas y derechos humanos, en particular los grupos en situación de vulnerabilidad.
• -Realizar acciones de investigación, educación, promoción y concientización.
• -Interactuar y colaborar con organizaciones y personas interesadas a nivel nacional, regional, e internacional incluidas empresas, sindicatos, sociedad civil y el Pacto Mundial de la ONU.

El 10 de junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma constitucional en materia de derechos humanos de los artículos 1º, 3º. 11º, 15º, 18º, 29º, 33º, 89º, 97º, 102º apartado B y 105º.

Mediante la reforma al artículo 102º, se otorgó a la CNDH, la facultad de:

• Investigar de violaciones graves a derechos humanos, antes competencia de la SCJN.

• Se le otorga facultad para conocer de violaciones de derechos humanos en materia laboral.

• Se establece la obligación a la autoridad de responder a las Recomendaciones de la CNDH, y en caso de no cumplirlas o aceptarlas, las autoridades deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa; además, la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, o las legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.

• Se incorpora la realización de una consulta pública transparente para el procedimiento de selección del titular de la CNDH y Consejo Consultivo.

El 6 de julio de 2011, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a través de la resolución A/HRC/RES/17/4, adoptó los 31 Principios Rectores que fungen como el estándar internacional sobre la responsabilidad de las empresas de respetar derechos humanos y la obligación de los Estados de garantizarlos y protegerlos.

Asimismo, mediante dicha resolución, se creó el “Grupo de Trabajo sobre la Cuestión de los Derechos Humanos y las Empresas Transnacionales y otras Empresas” integrado por cinco expertos independientes, con un mandato de funciones de un período de tres años, encargados de la:

•Promoción, divulgación y aplicación efectiva y global de los Principios Rectores evaluando y formulando recomendaciones.

•Identificación, intercambio y promoción de buenas prácticas.

•Realización de visitas a los países, presentando anualmente informes al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General.

•Implementación de estudios a nivel nacional, regional e internacional, para aumentar el acceso a recursos efectivos disponibles para quienes vean afectados sus derechos humanos por las actividades empresariales, especialmente los que se encuentren en zonas de conflicto.

•Fomentar un diálogo sistemático y lograr la Cooperación entre los diversos actores involucrados en el sector empresarial, entre otras actividades.

En el contexto de la reforma constitucional del 10 de junio del 2011 de derechos humanos, la SCJN determinó en la resolución del 14 de julio del 2011 del Expediente “Varios 910/2010”: “Caso Rosendo Radilla Pacheco”, que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando el Estado Mexicano sea parte de la controversia son vinculantes y orientadoras cuando no sea parte.

En la Contradicción de tesis 293/2011, de 3 de septiembre de 2011, la SCJN resolvió que los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes sin importar que México haya sido o no parte.

La Red de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos del continente americano (RINDH) realizó su seminario regional sobre empresas y derechos humanos en Antigua, Guatemala.

Las INDH destacaron la importancia de la activación institucional en materia de empresas y derechos humanos y reconocieron la necesidad de fortalecer las capacidades técnicas y financieras de las INDH para que su función sea más eficiente.

A partir de los compromisos asumidos en la Declaración de Edimburgo, acordaron la necesidad de emprender acciones para cumplir con los objetivos estratégicos, entre los que desatacan:

•Fortalecer medidas de supervisión del Estado frente a las actividades del sector empresarial.

•Fortalecer los marcos de actuación de las INDH, así como los marcos jurídicos internos aplicables.

•Promover mecanismos regionales o universales para la protección de las personas frente al sector empresarial.

•Desarrollar programas y mecanismos de educación sobre empresas y derechos humanos.

•Incluir el tema de empresas y derechos humanos en sus reportes.

•Participar en la implementación de los Principios Rectores.

•Incorporar de manera permanente el tema de empresas y derechos humanos en la agenda de la RINDH del continente americano.

El 14 de julio de 2014 el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en la resolución A/HRC/RES/26/9, estableció un grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos, con el mandato de elaborar un instrumento jurídicamente vinculante para regular las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas en el derecho internacional de los derechos humanos.

Dicho grupo se ha reunido en tres ocasiones en 2014, 2016 y 2017 en las que se ha discutido el contenido, alcance, naturaleza y forma del instrumento.

Con el objetivo principal de implementar la Estrategia 4.4 del Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018, la Secretaría de Gobernación en colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Economía, instalaron el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos, con carácter multisectorial reuniendo a entidades gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones empresariales y representantes de organismos internacionales con el objetivo de coadyuvar en la elaboración del Plan de Acción Nacional (PAN) denominado: Programa Nacional de Empresas y Derechos Humanos (PNEDH) de México.

La CNDH ha contribuido como observador en el desarrollo del PNEDH, entre las actividades en las que ha participado se destacan las siguientes:

• El 29 de noviembre de 2016 participó en el Foro de discusión multi-parte sobre Empresas y Derechos Humanos en México.

• El 2 y 3 de febrero de 2017 estuvo presente en el “Seminario para la elaboración del Proyecto del Programa Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos”

• El 29 de enero de 2018 a través de su Programa de Empresas y Derechos Humanos envió observaciones a la Propuesta de matriz de competencias del PNEDH.

• El 11 de agosto de 2017, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, los Lineamientos para el Impulso, conformación, organización y funcionamiento de los mecanismos de participación ciudadana en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el impulso, conformación, organización y funcionamiento del Mecanismo para la Implementación, Seguimiento y Evaluación del Programa Nacional de Empresas y Derechos Humanos.

El 25 de septiembre de 2015 mediante Resolución A/RES/70/1, la Asamblea General de la ONU, acuerdó el plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad denominado Agenda 2030.

Durante la décimo segunda Conferencia Internacional del Comité Internacional Coordinador, presentada por la CNDH en Mérida Yucatán, las INDH, incluida la CNDH, integraron la Declaración de Mérida sobre el papel que desempeñan las empresas en la ejecución de la Agenda de 2030 para el desarrollo sostenible.

En ese sentido, se reafirmaron los compromisos asumidos en la Declaración de Edimburgo y se llamó a la necesidad de alinear la aplicación de los Principios Rectores a su agenda de trabajo.

Asimismo, se aprobó la creación de un Grupo de Trabajo del Comité Internacional de Coordinación para la Agenda 2030 en el entorno del desarrollo sostenible, con la finalidad de realizar acciones para lograr los cometidos de la citada Agenda.

Dentro de las actividades relevantes que se les encomendó a las INDH, se resaltan las siguientes:

• Promover los derechos humanos, la implementación y control de la Agenda 2030 por medio de asesoría a los gobiernos, a los titulares de derechos y otros actores, responsabilizando a los primeros de las irregularidades o ausencia de cumplimiento.

•Promover procesos transparentes e inclusivos de participación y consulta con los titulares de derechos y con la sociedad civil, durante la aplicación de la Agenda 2030.

•Colaborar con actores clave para concientizar, fomentar la confianza y promover el diálogo para la ejecución y seguimiento de la Agenda 2030.

•Monitorear el progreso de la ejecución de la Agenda 2030 en los planos locales, nacionales, regionales e internacionales para denunciar cualquier desigualdad o discriminación.

•Facilitar los mecanismos no jurisdiccionales, por violaciones a derechos en el proceso de desarrollo, y la implementación de los ODS.

El foro se realizó en la Ciudad de México, con el objetivo de fomentar el intercambio de experiencias y reflexiones acerca de las acciones llevadas a cabo por los diferentes actores sociales en el ámbito empresarial.

En dicho foro se invitó al sector productivo del país a incorporarse en el Binomio Desarrollo- Derechos Humanos, los cuales hicieron referencia a la Agenda 2030, ya que las obligaciones contenidas en ella forman parte del compromiso de la CNDH así como de los actores reunidos, para tomar modelos de desarrollo basado en el respeto de los derechos humanos.

En dicho encuentro se contó con la participación de miembros de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, de Organismos internacionales, miembros del sector empresarial, entre otros.

El Director de la Oficina de Países de la Organización Internacional del Trabajo para México y Cuba remarcó que no solamente era deber de las empresas respetar las normas nacionales e internacionales sino también crear mecanismos institucionales para rendir cuentas respecto al impacto de sus actividades.

Asimismo, el Presidente de la Comisión Nacional de Estrategia Pública de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), subrayó el gran compromiso que tienen las empresas por garantizar el respeto a los derechos humanos y su protección ya que se encuentran por encima de cualquier interés, debiendo ser las instituciones y las empresas fuente de certidumbre y de justicia en la protección y promoción de las personas y sus derechos fundamentales.

Los temas abordados durante este evento se han traducido en acciones concretas tales como la firma del Convenio entre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Consejo Coordinador Empresarial, en el que se busca combatir la impunidad en el país, avanzar hacia un estado democrático de derecho y coadyuvar a que las empresas conozcan sus obligaciones en materia de derechos humanos, respecto de sus trabajadores, clientes y proveedores.

La CNDH y el Consejo Coordinador Empresarial firmaron el 3 de diciembre de 2015 un Convenio de Colaboración mediante el cual buscan combatir la impunidad en el país, para avanzar hacia un Estado de Derecho.

El Convenio tiene como principal objetivo fortalecer la protección y defensade los derechos humanos en México, promoviendo un enfoque en este sentido en el sector privado, y en las actividades empresariales.

El convenio está sustentado en cinco líneas de trabajo:

1. Fortalecer los mecanismos dirigidos a garantizar el respeto a los derechos humanos en las empresas y el sector privado;

2. Fomentar que las empresas difundan los derechos humanos y los incluyan en sus declaraciones de principios, códigos y políticas;

3. Promover que la legislación que regula a las empresas garantice el respeto a los derechos humanos;

4. Coadyuvar a que las empresas conozcan sus obligaciones en materia de derechos humanos respecto de sus trabajadores y usuarios

5. Diseñar e instrumentar, de manera conjunta, una campaña de comunicación en favor de los derechos humanos y de la legalidad en México.

El foro tuvo lugar en la ciudad de Chihuahua, con el objetivo establecer un espacio de reflexión sobre el deber del Estado de cumplir los compromisos establecidos en la Agenda 2030, así como de las empresas de propiciar el acceso de la sociedad a los mecanismos de reparación a las afectaciones al medio ambiente, a fin de cumplir con la responsabilidad social empresarial y con desarrollo sostenible.

Además, la CNDH manifestó su especial preocupación respecto al binomio trabajo-grupos vulnerables, específicamente de los pueblos indígenas, quienes son parte esencial del desarrollo sostenible ya que su trabajo incide con el medio ambiente y dependen, en gran medida, de los recursos naturales para subsistir.

El foro se realizó en colaboración el Instituto Danés de Derechos Humanos, estando como representante de dicho Instituto, la asesora del Departamento de Derechos Humanos y Negocios, quien refirió que las INDH pueden desempeñar un papel importante en los procesos de seguimiento y evaluación de los ODS no sólo a nivel nacional, sino también a nivel internacional.

El evento estuvo compuesto por seis mesas de trabajo, dentro de las cuales figuraban ponentes de diversos sectores, de importancia nacional e internacional como el Presidente del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, los Defensores del Pueblo de Ecuador y de Colombia.

Dicha cartilla enfatiza la corresponsabilidad de los gobiernos y empresas en la tarea de respetar, proteger y reparar los derechos humanos a lo largo del hemisferio; describe los derechos que pueden ser afectados como causa de una actividad empresarial y las acciones realizadas por la ONU en los últimos años, a fin de promover la observancia de los derechos humanos en la materia, así como el papel de la CNDH frente a las empresas.

Durante el 29 de agosto al 7 de septiembre de 2016 el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos visitó México y tuvo reuniones con organizaciones, comunidades, representantes de empresas de distintas entidades federativas para examinar los esfuerzos del gobierno y las empresas para prevenir y abordar los impactos negativos de las actividades empresariales sobre los derechos humanos.

En su informe, publicado el 27 de abril de 2017, el Grupo de Trabajo:

• Señaló la necesidad de realizar acciones para concientizar a las empresas de su responsabilidad de respetar los derechos humanos y la falta de integración de la debida diligencia en sus operaciones empresariales.

• Remarcó que el gobierno no ha trazado “pautas claras y políticas públicas” dirigidas a la empresa frente a su responsabilidad con respecto a los derechos humanos.

• Reconoció que la CNDH “ha adoptado plenamente los Principios Rectores”

• Finalmente, emitió una serie de recomendaciones para nuestro país, a fin de avanzar y mejorar en la implementación de los Principios Rectores sobre Empresas y derechos humanos de las Naciones Unidas.

El 9 de diciembre de 2016 la CNDH emitió la Recomendación 56/2016 “Sobre el caso de vulneración al derecho a la propiedad colectiva en relación con la obligación de garantizar el derecho a la consulta previa de las comunidades indígenas afectadas con la construcción de la “autopista Toluca-Naucalpan”, la cual fue dirigida a los Secretarios de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como al Gobernador del Estado de México, como autoridad responsable.

En la presente Recomendación se hace referencia a los Principios Rectores en relación a la obligación del Estado de realizar una evaluación previa de impacto social y ambiental; en concreto antes de iniciar un proyecto de infraestructura carretero.

El caso surge toda vez que las Autoridades del Gobierno del Estado de México y la Empresa 2, habían obtenido la licitación para el proyecto carretero de la “Autopista Toluca-Naucalpan”, por lo que se iniciaron los trabajos de construcción del proyecto, sin la participación a la comunidad Otomí.

Las decisiones tomadas por el comisariado ejidal sin la participación e información de la comunidad Otomí, y la posterior ejecución de la obra, agraviaron a la comunidad debido a que no se realizó una consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe.

No obstante, que la autoridad judicial ordenó la suspensión de la obra, se continuó con la misma, incluida la tala árboles, motivo por el cual la comunidad denunció ante las autoridades ambientales esta situación, así como la destrucción del suelo vegetal y manantiales de la comunidad.

El seminario se realizó en la ciudad de San Luis Potosí y tuvo participación de diversos actores involucrados en la consulta previa indígena, tales como: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Secretaría de Gobernación, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, UN Global Compact y Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

En este seminario la CNDH externó que los esfuerzos desplegados hasta el momento para lograr la verdadera efectividad de la consulta previa no han sido suficientes, debido a la desatención de las instituciones responsables de garantizar su cumplimiento.

La CNDH exhortó a los gobiernos federal y estatales, así como al sector empresarial del país a cumplir con su obligación de consultar de manera previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada a pueblos y comunidades indígenas, que sean susceptibles de ser afectadas por planes de desarrollo o de inversión de gran escala.

En las sesiones de trabajo, el Segundo Visitador General de la CNDH, señaló que en la consulta debe haber una ponderación de intereses sociales en juego, tanto de los afectados como de los beneficiados de proyectos, quedando en aptitud de las autoridades correspondientes las acciones necesarias para resarcir o aminorar las eventuales afectaciones que deriven de su operatividad.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señaló la prioridad que deben ocupar los derechos humanos en nuestro país, dada la gran cantidad de personas indígenas, las razones históricas y el modelo de desarrollo.

Como resultado del encuentro se realizó la Firma del Convenio “Marco de Colaboración en materia de Derechos Humanos” entre la CNDH y el Gobierno del Estado de San Luís Potosí.

Con el objetivo principal de proteger los derechos humanos frente a la actividad empresarial, dentro del ámbito de sus competencias, la CNDH crea un Programa con las funciones de transversalizar el enfoque de derechos humanos y empresas, incidir en las políticas públicas en materia de empresas y derechos humanos y promover la cultura de los derechos humanos en las empresas públicas y privadas.

El acuerdo mediante el cual se crea el Programa de Empresas y Derechos Humanos fue publicado en la Gaceta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el número 336, en julio de 2018.